Colombia

Una de las tantas terribles consecuencias del conflicto armado interno que padece Colombia han sido las desapariciones forzadas de miles de personas. En los casos de desapariciones forzadas, las víctimas son secuestradas, padecen torturas, son asesinadas y no se vuelve a saber más de ellas. En Colombia, los casos de desapariciones forzadas han sido perpetrados por diferentes autores, entre ellos los paramilitares y la guerrilla e incluso por autores estatales. Es más, el conflicto no ha terminado y todavía se producen más casos de desapariciones. Además, la escala del problema es desconocido, lo que dificulta que en Colombia se creen disposiciones adecuadas que sirvan como respuesta adecuada al mismo. Los datos no oficiales varían desde las 3.000 a las 15.000 víctimas y algunos grupos de víctimas estiman que el número total superaría los cien mil. Colombia se enfrenta no solo al problema derivado de un número ingente de personas desaparecidas, sino que las causas de ese problema son más diversas que en otras sociedades.

En septiembre de 2007, siguiendo una iniciativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía de la Nación invitó a la ICMP a que realizase una evaluación de la dimensión del problema de las desapariciones forzadas y los avances realizados hasta la fecha por las instituciones del estado y otras organizaciones para afrontar esta cuestión.

La ICMP realizó sus visitas de evaluación en diciembre de 2007 y en marzo de 2008. Durante su estancia en Colombia, los expertos de la ICMP se reunieron con numerosos representantes de las instituciones del estado, ONGs, grupos de víctimas, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales presentes en Bogotá y Medellín.
Entre el 15 de mayo y el 25 de agosto de 2008 se realizó el borrador de un informe, a partir de los resultados de la evaluación, que se distribuyó entre las instituciones estatales pertinentes y entre las organizaciones internacionales para que expresasen sus opiniones al respecto. El 30 de agosto, Día Internacional de las Personas Desaparecidas, se concluyó la versión final del informe que fue enviada a la Fiscalía de la Nación.

El informe, titulado Respuesta Colombiana a las Desapariciones Forzadas, se describen los procesos de búsqueda e identificación de las víctimas de desapariciones forzadas en Colombia, incluyendo los mecanismos institucionales y procesales establecidos con este fin, los procesos técnicos empleados y el trabajo realizado de manera directa con las víctimas, como el realizado al final del informe (marzo de 2008). Además, el informe contiene una lista concisa de recomendaciones que, si fuesen implementadas, debería mejorar varios aspectos de los procesos de búsqueda e identificación en Colombia.

Entre otras, las recomendaciones incluyen:

• El Estado debería proporcionar información puntual y precisa relativa a los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y debería esforzarse en determinar la magnitud del problema de las desapariciones forzadas y en determinar los patrones de desaparición.
• El Estado debería adoptar un lenguaje consistente para definir a las víctimas de las desapariciones forzadas, definición en la que incluya a los familiares de la persona desaparecida.
• Se debería fortalecer el papel de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se debería fortalecer a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para informar sobre la colaboración de las instituciones del Estado en la implementación del Plan Nacional de Búsqueda.
• El Plan Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Formulario Nacional de Búsqueda deberían ser implementados, aplicados y utilizados de manera plena por todas las instituciones pertinentes.
• Es crucial que las instituciones estatales de relevancia mejoren los esfuerzos de coordinación para localizar, recuperar e identificar a las personas desaparecidas. La creación del “Centro Virtual de Identificación” dentro de la Fiscalía de la Nación es, al respecto, un constructivo avance.
• La Defensoría del Pueblo debería reforzar su implicación en la cuestión de las personas desaparecidas en concordancia con su mandato y según lo señalado en la Ley de Justicia y Paz y en el Plan Nacional de Búsqueda.
• Se deberían adoptar, con la mayor celeridad posible, disposiciones legales adecuadas relativas a la protección de datos, incluyendo la información genética obtenida de restos exhumados y de los familiares de las personas desaparecidas.
• Se deberían contemplar disposiciones legales para la protección de enterramientos clandestinos relativos a casos de desapariciones forzadas.
• Se deberían registrar adecuadamente e investigar todos los crímenes cometidos en relación con el crimen de la desaparición forzada (por ejemplo, torturas, violencia sexual y mutilación).
• El derecho de satisfacción debería ser reforzado y aplicado de manera no discriminatoria.
• Es necesaria una estrategia nacional para tratar los derechos de las víctimas durante los procedimientos judiciales y el procedimiento de búsqueda. Un plan integral debería determinar el modo de implementación de los derechos y el modo en el que las instituciones del Estado puedan coordinar mejor estos esfuerzos y debería definir las áreas en las que las instituciones no gubernamentales pueden asistir a las víctimas.

La ICMP está examinando en la actualidad la posibilidad de proporcionar asistencia adicional a las autoridades de Colombia a la hora de afrontar la cuestión de las desapariciones forzadas, principalmente a través de la asistencia para la capacitación institucional así como a través consejos técnicos.